26
Noviembre
2012

Verdiblanca considera injusto el tasazo que encarece los procesos sobre discapacidad

Las causas de Ley de Dependencia se tramitan por la vía contenciosa, en vez de la social, que no tendría tasas

El Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardon

Más obstáculos para quienes viven mayores injusticias. Así lo ve la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, que, tras estudiar la recién implantada nueva Ley de Tasas Judiciales, considera que perjudica gravemente los intereses de este colectivo

Aunque el Ministerio de Justicia acaba de anunciar que retrasa su aplicación por falta de los formularios adecuados para cobrar las tasas, lo cierto es que la decena de casos en los que actualmente está trabajando el Servicio Jurídico de esta entidad, ya ha detectado consecuencias económicas negativas en estas personas, pues verán encarecer sus procesos judiciales interpuestos ante claras discriminaciones por su condición de discapacidad; sobre todo los referidos a la Ley de Dependencia. Lo más probable en la mayoría de los casos es que desistirán de solicitar justicia por la vía judicial.

    Por otro lado, si se da el caso de perder en primera instancia un juicio sobre grado de discapacidad, reconocimiento de una incapacidad permanente o la impugnación de un alta médica y se debe recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se deberá pagar, sólo en concepto de tasas, 500 euros por un recurso de suplicación o 750 por uno de casación. Aquí se plantea un posible doble perjuicio: en la actualidad, muchas demandas denegadas en Almería se transforman en sentencias favorables en Granada, pues se trata de tribunales más especializados que estudian los temas con mayor detenimiento. Otro perjuicio es que en primera instancia no se acude a los juicios con informes periciales que avalen la discapacidad por su elevado coste, que corre a cuenta de quien reclama, lo que pone de manifiesto que el dinero abre y cierra puertas a los derechos de la ciudadanía; a lo que se suman los gastos de procurador y abogado. Lo mismo ocurre con litigios en los que lo que se discute es una Renta Activa de Inserción u otras ayudas públicas en materia de protección al desempleo, cada vez más inaccesibles para las personas con discapacidad por el gran número de requisitos.

Casos atendidos por Verdiblanca

De la casuística anual por las demandas atendidas en Verdiblanca, se deduce que es dentro del ámbito contencioso administrativo donde se producen las mayores injusticias con la implantación de esta Ley de Tasas; pues es ante la Administración pública donde surgen la mayoría de los problemas que afectan a las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, ante los entes municipales giran muchos de estos procesos judiciales, como son recurrir determinados impuestos como el de vehículos de tracción mecánica, que sigue siendo materia diaria de los tribunales ante los ayuntamientos que continúan poniendo trabas a la exención de dicho impuesto cuando el vehículo de la persona con discapacidad excede de una determinada cilindrada, yendo en contra de las normas estatales.

También la impugnación de ordenanzas suele ser igualmente objeto de procedimientos contenciosos, como el caso del estacionamiento de vehículos o  cuando la comunidad autónoma deniega la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, cuyo camino judicial también discurre por la jurisdicción contenciosa. Ello implica que, en la práctica, cualquier persona con discapacidad que quiera recurrir la denegación de dicha tarjeta por parte de la Junta de Andalucía, debe adelantar 350 euros en concepto de tasas por tratarse de un procedimiento de cuantía indeterminada.

Otra buena parte de los casos atendidos a lo largo del presente año 2012 en la sede de Verdiblanca, tienen que ver con la Ley de Dependencia. Ahora se tramitan por la vía contencioso-administrativa en vez de por lo social, que no conllevaría costes. Las tasas judiciales para este tipo de reclamación superan los 350 euros para los procesos ordinarios, más 800 en caso de recurso de apelación; algo simplemente inasumible para estas familias con alguna persona dependiente en su seno. Estos casos suelen estar relacionados con trámites tan comunes como la valoración de la dependencia, cambios de centro obligatorios por restructuración de los mismos o descensos en las prestaciones. La Ley reguladora de la jurisdicción social determinó que los litigios relativos a las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia se ventilarían en el marco del orden social. Sin embargo, la misma norma, dio al Gobierno tres años, de los que han pasado solo uno, para regular los medios de dicho trasvase, algo que no se ha llevado a la práctica.

Otra cuestión importante que afecta negativamente en la personas con discapacidad, son las reclamaciones por responsabilidad patrimonial por daños producidos por el mal funcionamiento de los servicios públicos. Verdiblanca ha atendido en numerosas ocasiones demandas de sus asociados que exigían la defensa de sus derechos en casos como accidentes por vías en mal estado, ascensores que no funcionan e impiden acceder a servicios públicos esenciales… Realidades de las que hoy las personas con discapacidad están 350 euros más lejos.
Tampoco el ámbito civil escapa a este tipo de injusticias. Son numerosas las demandas que se interponen ante incumplimientos en materia de accesibilidad contra comunidades de propietarios que no adaptan sus instalaciones. Acudir a reivindicar esos derechos ante los tribunales se hará imposible para muchas personas con discapacidad sin recursos económicos, lo que hará que en la práctica el 'tasazo' aliente conductas que poco a poco ya se habían superado.


Mención aparte merecen las pensiones de diversa índole que afectan al colectivo. Es el caso de las pensiones no contributivas. Son las más abundantes, como consecuencia del escaso acceso al empleo que ha tenido este colectivo históricamente. Así, es frecuente, dados los escasos márgenes de renta que exige la Administración y los escasos medios con los que ésta cuenta para comprobar esos datos, que se reclamen cantidades cobradas de forma indebida que no lo han sido. Por último, respecto a las pensiones, las jubilaciones anticipadas por razón de la discapacidad también suelen derivar en procedimientos judiciales, que llevan a traspasar la primera instancia; suponiendo esto un pago de 500 ó 750 euros de tasas, algo inasumible para la mayoría de los afectados, y que, probablemente, les llevará a tomar la decisión de desistir de solicitar justicia.

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